Percy García Cavero, abogado penalista y profesor de la Universidad de Piura, plantea algunas propuestas para prevenir los casos de corrupción política e inseguridad ciudadana desde el sistema penal en el Perú.
Por Fernanda Vegas Sernaqué. 28 marzo, 2022. Suplemento Semana, El Tiempo
Para el doctor Percy García Cavero, profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP, hay dos temas fundamentales en los que se centran los esfuerzos de quienes integran el sistema penal en la actualidad: la corrupción política y la inseguridad ciudadana.
Teniendo en cuenta que el Derecho Penal apunta a prevenir y sancionar los delitos, el abogado propone algunas medidas importantes para agilizar y garantizar la eficacia de los procesos penales en el Perú, haciendo referencia a los casos mediáticos de conocidos personajes vinculados con la política peruana como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y el actual presidente Pedro Castillo.
El Derecho Penal en los casos de corrupción
El tema constante en la agenda pública actual es la corrupción política. “Con los casos de licitaciones amañadas para favorecer a Odebrecht, el ‘vacunagate’ y el uso de la casa de Sarratea, se ha discutido mucho sobre varios aspectos de la respuesta punitiva: el uso de la prisión preventiva, la validez probatoria de las declaraciones de colaboradores eficaces y las prerrogativas de los altos funcionarios como el presidente”, sostiene García Cavero.
Frente a este panorama, el jurista rescata la importancia de la respuesta de la Fiscalía, cuya actuación considera “poco uniforme”, debido al tratamiento distinto de los casos mediáticos. “En algunos casos pide prisión preventiva o allana inmuebles en el día; pero, en otros, no se toman las mismas medidas e incluso hay pugnas internas entre grupos de fiscales que proyectan una mala imagen de la institución”, señala el penalista.
Para un manejo eficiente a las investigaciones que realiza la Fiscalía, con la objetividad que cada caso demanda, Percy García señala que se debe entender que la prisión preventiva no es una pena anticipada, sino una medida excepcional, que sólo debe decretarse si no existe otra forma de asegurar el proceso penal, pues, para aplicarla, la Fiscalía debe acreditar, fundamentalmente, que existe un peligro de fuga y/o una obstaculización de la justicia.
En específico, García Cavero se refirió a los procesos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, dos casos mediáticos que continúan en la agenda y que, según indica, deben ser tratados “con base a criterios jurídicos y no con parámetros políticos o presiones mediáticas”. Sobre el seguimiento de estos casos, señaló que, ahora, lo importante será que la Fiscalía cuente con pruebas suficientes de que Humala y Fujimori recibieron dinero maculado, conociendo su origen delictivo. “Sobre todo, hay que demostrar si esa recepción de dinero era delito en el 2011 y en el 2016. Tengo serias dudas de que efectivamente sea así, por cómo estaba legalmente configurado el delito de lavado de activos en ese entonces. Esa va a ser la gran discusión ahora en los tribunales que vean estos casos”, resalta el abogado.
El caso de Pedro Castillo
Otro caso importante al que alude el abogado penalista, investigador sobre un sistema integral del Derecho Penal, es el del actual presidente de la República, Pedro Castillo. Al respecto, destacó la gravedad de las acusaciones por los antecedentes a su elección y por lo ocurrido durante sus primeros seis meses de gobierno. “Como antecedentes, tenemos a dos organizaciones criminales en Junín que generaron dinero para su campaña y, durante su gobierno, las licitaciones amañadas por más de 1900 millones de soles”, detalla Percy García.
Frente a este caso, considera que, si hay elementos de convicción fuertes, deben existir medidas políticas para asegurar la transparencia del gobierno. “No se trata de solamente decir: me someto a las investigaciones, aun cuando se siguen nombrando ministros sumamente cuestionados y toda una lista de altos y medianos funcionarios con serios antecedentes delictivos o absoluta falta de idoneidad técnica”, acota.
Por ello, señala que, en su opinión, “el presidente debería poder ser investigado durante su mandato. No acusado o condenado, pero sí investigado”. De lo contrario, explica que se podrían generar condiciones para la impunidad del más alto funcionario del Estado, además de imposibilitar la activación de mecanismos constitucionales para evitar que una persona con incapacidad moral continúe liderando el país.
Con todo ello, García Cavero señala que los temas que atañen al actual presidente también deben tratarse de manera objetiva, evitando la filtración de las declaraciones que deberían ser reservadas. “Considero que eso hace mucho daño a las investigaciones, pues generan presiones externas y pugnas internas. En eso, el Ministerio Público está fallando”, acota.
Delincuencia e inseguridad ciudadana
Aunque la corrupción política es el tema principal en la agenda pública, Percy García también destaca la inseguridad ciudadana como otro foco en el que deben concentrarse los esfuerzos del sistema penal. En este aspecto, resalta el aumento de organizaciones criminales, robos con armas, sicariato, extorsiones, violencia familiar, violaciones sexuales y acoso. “Esta criminalidad se ha intensificado; entre otras razones, por la desaceleración económica, la migración descontrolada e incluso por cierto sentimiento de reivindicación popular que legitimaría el uso de la violencia”, sostiene.
El reto principal para enfrentar la delincuencia violenta, según Percy García, es agilizar la parte operativa, ya que las investigaciones suelen prolongarse excesivamente y el apoyo para tratar los casos no es el más adecuado para la obtención de pruebas de cargo que la Fiscalía necesita. Asimismo, considera que los filtros no están funcionando, pues muchos casos llegan a juicio sin ameritarlo, sea porque no hay delito o porque existía la posibilidad de encontrar una salida alternativa.
Además de mejorar la parte operativa de estos procesos, García Cavero también indica que es necesario contar con personal policial y fiscal preparado y en cantidad suficiente para investigar el volumen de delitos que se cometen. Asimismo, propone la prevención como un aspecto importante para hacer frente a la delincuencia. En este sentido, indica que se deben plantear programas de ocupación juvenil y de concientización de valores familiares y comunitarios; y, además, controlar el ingreso de inmigrantes al Perú.
Con este tipo de medidas, García señala que el sistema penal no tendría que ocuparse de un gran volumen de casos y, con una cuota razonable de pendientes por atender, la policía podría detectar los delitos cometidos y detener a los responsables, el fiscal podría determinar si deben entrar o no en prisión preventiva y el juez, finalmente, dictar la condena respectiva.
“El sistema penal y carcelario está actualmente saturado. Eso, evidentemente, juega a favor del delincuente al que no se le detiene, no se le pide prisión preventiva, sale en libertad por exceso de carcelería, le prescriben los delitos o finalmente lo absuelven”, señala el docente universitario.
Con todo el escenario de corrupción política e inseguridad ciudadana, “la delincuencia económica es la que vive feliz”. García Cavero indica, además, que los escasos recursos asignados para el funcionamiento del sistema penal se invierten, fundamentalmente, en la persecución de la corrupción y la criminalidad violenta. “Mientras tanto, el delincuente de cuello blanco vive una situación de impunidad frente a un sistema penal que no tiene ni la fuerza, ni los recursos para llegar a él”, puntualiza.
